Mendoza podría volver al "origen" para buscar inversiones mineras
En la cuenta regresiva para el cambio de mando se ponen sobre la mesa los temas prioritarios para la gestión de Rodolfo Suarez y la reforma de la Ley 7.722 está en la lista para avanzar en el corto plazo. De ser así, y si se logra el acuerdo para reformarla, Mendoza podría volver al lugar en el que se inició la disputa por la actividad.
El consenso para cambiar la Ley 7.722, también conocida como ley antiminera, está llegando incluso a los lugares menos esperados. Tras el anuncio del gabinete de Rodolfo Suarez y el retorno de Enrique Vaquié, sorprendieron las palabras de uno de los creadores de la controvertida norma abriéndose a la posibilidad de reformarla.
Esa es considerada otra señal de los nuevos aires que corren para la minería en Mendoza y que, a pesar del traspié del martes, tiene muchas chances de desarrollo a partir del entendimiento entre oficialismo y oposición para cambiar la legislación que ha prohibido su desarrollo en los últimos doce años.
Tras quedar expuestos, desde el Partido Justicialista ya están manifestando su voluntad de acompañar la reforma en la gestión de Suarez, pero también están pidiendo introducir algunas modificaciones a los proyectos que ya se habían analizado con el oficialismo y las autoridades de Gobierno. Esa cuestión ya está en análisis.
Con ese panorama, y la decisión tomada por parte del gobernador electo, la reforma de la 7.722 se integró a la lista de proyectos a estudiar en el corto plazo. Esto porque en el Ejecutivo entienden que si ya se tomó la decisión de avanzar con la reforma, también hay que ocuparse de buscar las inversiones que la justifiquen, lo que implica hacer los cambios antes de marzo.
Es que de lograrse la reforma dentro de las próximas semanas o meses, estarían dentro de los plazos para salir a buscar inversiones en el mismo lugar al que Mendoza fue a buscarlas en 2006, el lugar que fue el "origen" de todo lo que es la controvertida relación de los gobiernos mendocinos con la minería.
Hablamos de la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada, PDAC, que se realiza en Toronto y que en el 2020 se inicia el 1 de marzo. Se trata de la feria minera más importante del mundo y a la cual asistió en 2006 la entonces ministra de Economía de Julios Cobos, Laura Montero, para buscar inversiones. Tuvo éxito, hubo gran interés, pero todo quedó en nada con la aprobación de la Ley 7.722.
Desde ese momento, y con inversores que en buena español "quedaron clavados", Mendoza pasó a estar en el fondo de la lista del Informe Fraser, el ranking con los mejores y los peores lugares para invertir en minería. Ese listado es casi una biblia de las inversores mineras y se conoce cada año justo una semana antes de la feria minera canadiense. Allí Mendoza aparece junto a países con guerras civiles que no permiten desarrollar actividad alguna.
Aunque para la gestión entrante la reforma sería prioritaria y no debería aplazarse su tratamiento, en los organismos técnicos del Ejecutivo, en el sector empresario y en la industria minera entienden que debería darse antes de ese evento para cambiar la imagen de Mendoza a nivel mundial y no tener que esperar un año.
Un cambio en la normativa vigente cambiaría radicalmente, por ejemplo, la posición en el informe mencionado, porque entre otras cosas los proyectos no tendrían que se sometidos a filtros políticos que pueden frenar su concreción. Es que tal como se señaló en la reunión entre empresarios y representantes el oficialismo del martes, desde que se aprobó la 7.722 no llegó ninguna inversión minera nueva a Mendoza y sólo se mantuvieron las que ya habían llegado.
