"Si al Presidente lo hubiera asesorado Carlos Abihaggle, no se hubiera equivocado"
Así lo afirma una columna que recuerda la intervención del mendocino en el caso del Ingenio Tabacal. Dice que optó por mirar el caso Ciccone cuando se abocó al Grupo Vicentin.
Marcelo Gervián, director de la Carrera de Posgrado de Especialización en Políticas Públicas de la UCALP, recordó en una columna publicada este domingo por el diario porteño Clarín la participación del otrora diputado nacional por Mendoza Carlos Enrique Abihaggle (PJ) en la intervención del Estado en la solución del caso del Ingenio Tabacal.
Gervián escribió que "si el presidente Alberto Fernandez hubiera tenido de asesores al exsenador Ricardo Gomez Diez y al exdiputado Carlos Abihaggle, no se hubiera equivocado".
Agregó que con respecto a la intervención de Vicentin, "lo asesoraron mal, y firmó el decreto incorrecto, inspirado en el caso Ciccone, cuando tendría que haber tenido en cuenta el antecedente del Ingenio Tabacal. En ambos casos el asunto se resolvió por decreto, pero en lugar del camino virtuoso, le sugirieron el camino más tortuoso para el estado argentino, con pésimos antecedentes como el de YPF, Ciccone, Grecco, o Sasetru. Desde la épica se intenta instalar la idea que se procedió como en YPF, para vincular el discurso entre soberanía alimentaria y soberanía energética, pero no es así: YPF no estaba concursada. El ejemplo que siguieron es el de Ciccone que si lo estaba, pero claro, es un caso manchado por el escándalo de la soberanía del billete", señaló Gervián en su artículo que puede leerse íntegro haciendo clic aquí.
Al intervenir Vicentín, el presidente se atribuyó facultades judiciales que no tiene, pues son propias del juez del concurso, quien es el único director del proceso (cfr. Graziabile, Maffia), violando los principios más elementales del proceso concursal. En el caso Vicentin ignoraron al juez Fabian Lorenzini de Reconquista, el único que podría designar un administrador judicial conforme a la ley. Hicieron lo mismo, en 2012 en el caso Ciccone, con el juez Javier Cosentino. En ambos casos dispusieron por "sesenta días" una "intervención transitoria", mediante decretos casi idénticos. Quien sugirió este camino, no reparó en el antecedente que resolvió un caso muy parecido, sin violentar la ley, y sin perjuicio para el erario público.
Añadió que "el Ingenio Tabacal, era a Salta, lo que Vicentin representa en Santa Fé, empresas emblemáticas y de familias tradicionales. Tabacal, al igual que Vicentin, empleaba miles de personas, estaba concursada, tenía una deuda muy importante con el Banco Nación, y un poco más del 60% de su pasivo estaba en manos del estado (ANSES, DGI, Banco Ciudad, Banco de Salta, entes provinciales, etc). Pero se resolvió de manera absolutamente distinta".
Recordó que "en 1993, el presidente Menem y el ministro Cavallo, establecieron por decretos 1164 y 1845, un régimen para que empresas en una delicada situación financiera pudieran superarla en base a un programa de reestructuración de sus deudas. En 1994, por el decreto 585, lo complementaron con un régimen de capitalización de deudas en manos del estado, que incluía la inmediata salida de los accionistas, para que no repitieran las experiencias negativas que ellos habían generado, con el objeto de preservar las fuentes de trabajo, facilitar el cambio de conducción empresaria y realizar nuevas inversiones para lograr empresas eficientes y viables económicamente. Y el estado en vez de poner, recuperaba plata", señaló el autor.
Luego, en 1995, Tabacal, se acogió a ese régimen, y el Ministerio de Economía capitalizó las acreencias del estado nacional. También capitalizaron sus créditos los acreedores privados, y rápidamente, apareció la solución. "Nuevos inversores se interesaron en adquirir la empresa, y finalmente en 1996 la Seaboard Corporation compró la mayoría accionaria, permitiendo al estado nacional recuperar sus acreencias al vender las acciones que había recibido. Hoy Tabacal sigue funcionando", escribió el autor.
Gervián indicó que "en los antecedentes del caso se conserva el intercambio epistolar entre el senador salteño Ricardo Gomez Diez, y el Secretario de Asuntos Fiscales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el mendocino Carlos Abihaggle. Trabajaron, desde la oposición y el oficialismo, en resolver el asunto. El espíritu que los animó surge de ese diálogo propio de hombres de estado. Sin especulación buscan la solución. Hombres discretos, uno constitucionalista, el otro economista, ambos son profesores universitarios, tenían diferencias. En 2003, Gomez Diez era candidato a vicepresidente de Ricardo Lopez Murphy, mientras Abihaggle, era designado embajador en Chile por el presidente Néstor Kirchner. Nunca renunciaron a sus convicciones, pero juntos trabajaron por el país. Y si no fuera por la insoportable estridencia del debate por Vicentin, este antecedente seguiría sepultado en una olvidada carpeta de archivo".
