Por la inflación, Ramón quiere modificar una ley de Mendoza
El legislador de Protectora sostiene que, con la legislación actual, las recompensas que ofrece el Ministerio Público quedan rápidamente desactualizadas.
La Ley 7.895 fue reformada recientemente, en 2021, y pese a que transcurrieron apenas 2 años, el diputado José Luis Ramón, de Protectora-Frente de Todos, considera que es necesaria una nueva modificación. Se trata de la ley que, en su artículo 10, establece las pautas para ofrecer recompensas para esclarecer "delitos de conmoción pública".
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En 2021 se estableció en la ley un máximo de recompensa en Unidades Fijas (UF): 25.000. Sin embargo, pese a que la fórmula se basa en UF y no en pesos fijos, el valor de estas unidades se actualiza por debajo de los índices de inflación. Entonces, lo que propone Ramón en un proyecto de ley presentado esta semana es cambiar las UF por otra unidad.
Señaló el legislador de Protectora que "en contacto con el procurador Alejandro Gullé y su cuerpo de fiscales, a cargo de la investigación de personas desaparecidas, resulta la necesidad imperiosa de que el Poder Ejecutivo cuente con instrumentos que determinen un incentivo lo suficientemente tentador para quienes tengan datos que permitan alcanzar la verdad".
Entonces, en lugar de la UF, Ramón propone que el monto máximo de una recompensa que pueda ofrecer el Ministerio Público se calcule en la unidad de medida arancelaria (JUS), utilizada en el ámbito judicial, "que viene a dar respuesta principalmente al impacto que produce en el monto de la recompensa el actual escenario económico".
"Dicho valor se actualiza todos los años, mostrándose superador y eficaz en el ámbito en el que opera", dice el proyecto de ley.
Concretamente, el monto de la recompensa "será determinado por la autoridad de aplicación atendiendo las circunstancias del caso y lo que estimen conveniente", y el máximo a ofrecer será de 100 JUS. En la actualidad, cada JUS tiene un valor de 92.285,87, por lo que se podrá ofrecer de recompensa en Mendoza hasta casi 93 millones de pesos.
El proyecto cuenta con la firma de diputados de otros bloques, incluso Cambia Mendoza: Laura Chazarreta (Frente de Todos), Josefina Canale (Cambia Mendoza), Julio Villafañe (Frente de Todos) y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde).
