La reforma que piden todos los intendentes

No tienen autonomía, pero deben asumir tareas que corresponderían a organismos provinciales. Un reclamo que excede a las diferencias partidarias.

En una provincia donde no está consagrada la autonomía municipal, los intendentes no están habilitados ni para cortar un árbol. En los hechos, si un vecino pide al municipio que se retire un ejemplar porque corre riesgo de caerse, la comuna está obligada a darle intervención a la Secretaría de Ambiente y, con viento a favor, en tres meses podría resolverse el trámite. Recién allí, si la naturaleza no hizo lo suyo, se podría proceder a la tala. 

Ésta es apenas una de las limitaciones que tienen los intendentes en Mendoza. Sin embargo, para otras cuestiones, la falta de autonomía pareciera quedar a un lado. Año a año los municipios tienen que asumir tareas que corresponden a organismos provinciales, principalmente vinculadas a la Dirección de Vialidad y Aguas y Saneamiento Mendoza (AySaM). Incluso, jefes comunales del radicalismo dejaron en claro que, más allá de mejoras en términos generales, los responsables de estas entidades descansan en ellos.

Esta situación surgió durante el panel de intendentes que se realizó este viernes en las Segundas Jornadas de Gobiernos Locales que organizó la Municipalidad de Guaymallén. "Más allá de que a los encargados de los organismos provinciales los vecinos no los conocen, todos los reclamos vienen a nosotros. Somos el primer contacto que tienen los ciudadanos", planteó Miguel Ronco, de Rivadavia, a lo que Marcelino Iglesias agregó: "Yo, en el ingreso a los departamentos, pondría un cartel con el nombre y los teléfonos de los responsables de Vialidad, AySaM, Seguridad...".

Además de las tareas de Vialidad y AySaM que encaran los intendentes, se suman acciones vinculadas a Seguridad y Educación, instalando cámaras o incluso formando a preventores locales, y otras relacionadas a salas de jardines maternales, según destacaron los administradores municipales. Pero, lejos de reclamar los fondos que corresponderían por las tareas que realizan, buscan la forma de que la legislación se actualice acorde a las necesidades y funciones de los municipios en la actualidad.

Una de las formas sería no esperar por una reforma de la Constitución y en su lugar avanzar con leyes. En otra escala, Guaymallén ya hizo algo similar, prohibiendo por ordenanza la reelección indefinida de intendentes antes de que el gobernador Alfredo Cornejo promulgara la enmienda votada en 2009. Si bien los tiempos serían otros, paso a paso podría irse reformando la Ley Orgánica de Municipalidades.

De hecho, esta semana se dio el primer paso: la diputada Ana María Andía (UCR) presentó un proyecto para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades (1079), entre otras normas, para optimizar los procesos de mantenimiento y renovación del arbolado público. Básicamente, proponen que un ingeniero agrónomo matriculado del municipio tenga la potestad de tomar una decisión sin recurrir a un proceso burocrático que incluye, hoy en día, la intervención de la provincia.

"Hoy tenemos potestad para intervenir en algo tan complejo como un accidente de tránsito con lesionados, pero no podemos tocar un árbol", ejemplificaron los intendentes.

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