El proyecto de reestructuración de deuda permite que aparezca un nuevo Griesa

El gobierno de Cristina Kirchner se fue cuestionando al fallecido juez que falló en favor de los fondos buitre. Sin embargo, ahora se incluyó en el proyecto la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, ante una eventual disputa con acreedores. También se renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana.

Ante un eventual desencuentro con los tenedores de bonos argentinos en medio de la reestructuración de la deuda externa que propuso el gobierno de Alberto Fernández, nuevamente serán los tribunales de Nueva York los que deberán resolver. Así está previsto en el artículo 3 del proyecto de "Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa" que ingresó ayer al Congreso.

Concretamente, el proyecto de ley establece "incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros", dando luz verde a la aparición de un nuevo Thomas Griesa, en referencia al juez estadounidense que fue duramente castigado por el kirchnerismo por fallar a favor de los fondos buitre encabezados por Paul Singer.

En término jurídicos, se habla de prórroga de jurisdicción cuando las partes convienen expresa o tácitamente en someter el conocimiento de un asunto a un tribunal que naturalmente no tendría competencia de atribución o territorial. En este contexto, los jueces podrán realizar cualquier diligencia de instrucción penal en un lugar no comprendido en el territorio de su jurisdicción (en su momento, la retención de la Fragata Libertad, cuya confiscación posteriormente se determinó que no correspondía y fue liberada).

Vinculado con esto último, el proyecto de ley de reestructuración de deuda también establece en su artículo 3 la "renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen". Sin embargo, se aclara que "la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna" respecto a dominios públicos, reservas monetarias y bienes públicos, entre otras cosas.

Sin embargo, esto no tiene ninguna aplicación práctica, ya que todas las excepciones mencionadas en el proyecto están contempladas en distintos tratados internacionales. Y si en la eventual ley argentina se incluyera algo novedoso, no tendría validez en un posible conflicto judicial que se resuelva en otra jurisdicción.

Si bien ante un caso de reestructuración de deuda, que implica negociaciones con bonistas extranjeros, es normal la aceptación de tribunales de otros países para resolver eventuales disputas, resulta contradictorio lo planteado en el proyecto de ley tratándose de un gobierno que se fue en 2015 bajo la consigna "buitres nunca más" y cuatro años después genera una herramienta que abre nuevamente las puertas de una disputa similar.

MIRÁ EL PROYECTO DE LEY COMPLETO

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