Bolsonaro indultó a policías autores de la masacre carcelaria de Carandiru
Ese aspecto beneficia directamente a los 69 agentes que siguen vivos de los 74 que fueron condenados por los 111 homicidios.
El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, concedió este viernes (a nueve días de dejar el poder), un indulto que perdonó condenas de cárcel impuestas a militares y policías, incluyendo a aquellos que han sido responsabilizados por la famosa masacre carcelaria de Carandiru.
El indulto es extensivo a todos los agentes del orden que hayan sido condenados por crímenes culposos, o aquellos que hayan sido cometidos por actos realizados por "su deber de actuar" o "en razón de riesgos" enfrentados por las fuerzas de seguridad.
Ese aspecto beneficia directamente a los 69 agentes que siguen vivos de los 74 que fueron condenados por los 111 homicidios de presidiarios cometidos en la cárcel de Carandiru, en Sao Paulo, en 1992.
Los agentes fueron condenados en sendos juicios celebrados en 2013 y 2014, pero nunca han llegado a ser encarcelados, debido a maniobras judiciales, con las que sus abogados han conseguido dilatar los juicios de apelación en instancias superiores, en un caso que se ha convertido en un símbolo de la impunidad en Brasil.
El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del Mandatario, celebró la concesión de los indultos en sus redes sociales, diciendo que "hoy se hizo justicia" para esos policías autores de los homicidios en Carandiru, a los que "intentaron arrestar por 30 años".
El hecho
La matanza de Carandiru se remonta al 2 de octubre de 1992 y se inició por un motín en el pabellón nueve de este recinto penal, el mayor de Brasil en la época, que albergaba a cerca de 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres.
La Policía reprimió el motín con una violencia extrema, disparando a los reclusos cuando muchos de ellos estaban encerrados en sus respectivas celdas, sin posibilidad de defenderse o huir.
Según los análisis forenses presentados durante el juicio, los 111 muertos recibieron en total 515 balazos, entre ellos 126 en la cabeza, algo que para los grupos de derechos humanos constituye una prueba de que fueron ejecutados sumariamente.
