Vuelve la 7722, pero el agua seguirá indefensa

Son miles las personas que salen a las calles para protestar y pedir el retorno de una ley que no defiende el agua. El recurso se negocia a diario y seguirá malgastándose, aún con la 7722 vigente.

El fenómeno que significa la Ley 7722 para los mendocinos es necesario analizarlo más allá de lo que dice específicamente la normativa, porque si hacemos un análisis estricto de la misma, no cumple con lo que señalan las miles de personas que protestaron en las calles por su modificación.

En las diferentes protestas que se realizaron para pedir la derogación de la Ley 9209 se argumentó la necesidad de volver a defender y cuidar el agua de Mendoza a través de la 7722. Sin embargo, en los doce años de vigencia de la ley la situación del agua no mejoró, sino que empeoró.

Como Provincia intentamos dar cátedra sobre el uso del agua cuando no tenemos un sistema adecuado de medición del consumo humano, fundamental para poder controlar el derroche. No hay infraestructura que asegure que en momentos en que falte o sea escasa, tengamos la suficiente reserva. Tampoco hay obras que permitan el transporte del recurso a través del territorio sin que se filtre y se pierda en cantidades importantes. Nada de eso existe hoy -y tampoco existirá en el corto plazo- por la simple razón de que no están los recursos para poder cumplir con los puntos mencionados y la Provincia no los tiene.

Por eso, es importante saber que el lunes, cuando vuelva a estar en vigencia la Ley 7722, seguirá perdiéndose agua por el derroche de muchos mendocinos que pagan en base a los metros cuadrados de su vivienda (porque Aysam no tiene dinero para instalar medidores). Seguirá el riego ineficiente porque los productores no tienen dinero para tecnificar sus procesos y se perderá el 50% del recurso hídrico que llega. Seguirá perdiéndose el agua que va por canales no impermeabilizados, dejando en el camino gran parte de lo que baja de la cordillera.

Hoy los mendocinos prefieren cerrar la puerta a una actividad de la que saben muy poco y a la que le temen. Una posición no se puede criticar porque es tan válida como la de los que creemos que se puede hacer minería. Sin embargo, en el momento en que levantamos la bandera de la defensa del agua, es necesario ir más allá de la prohibición de algo y alejarlo de nuestras fronteras. 

Hoy, sin minería, tenemos un problema grave con el recurso y no hay manifestaciones ni movimientos masivos buscando las soluciones. Es claro que no le corresponde a las asambleas o los que marcharon por las calles revertir una cuestión que no está en sus manos (como la pérdida por falta de obras), pero claramente la cantidad de personas que aparece en redes o en las protestas no se refleja -por ejemplo- en cuestiones que si puede ser cotidianas como un gran trabajo de concientización masiva respecto del uso del recurso en todos sus niveles.

En ese sentido, el Gobierno provincial intentó buscar una solución a los problemas del agua, curiosamente, desarrollando una industria a la que se critica por el uso del recurso. Sin embargo, no se trató de una idea descabellada, sino de una buena forma de conseguir recursos provenientes de las regalías mineras -porque lo que se necesita para cuidar el agua es plata- para avanzar con la solución a muchos de los puntos que mencioné anteriormente. Al frente se encontró con miles de personas que exigieron cerrar las puertas a esa opción y seguir como estamos hasta ahora, con un uso ineficiente del recurso hídrico. No quisieron escuchar las razones de fondo de Suarez, quien se vio atado de manos. Ante eso, no hay mucho más que hacer.

La 7722 solo prohíbe la minería

La normativa dice que a fin de "garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico" se prohíbe el uso de sustancias químicas en la actividad. Sin embargo, parte de esa premisa no se cumplió, pero no lo digo yo, lo dice el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial (Ley 8999).

Al leer el texto de la ley y sus anexos, encontraremos una serie de mapas y códigos que significan cosas importantes. Por ejemplo, en su capítulo 3.1 -en el apartado denominado "Caracterización de las Unidades de Integración Territorial"- se indica que en la Unidad de Integración Territorial 2, identificada como nomenclatura UIT2, compuesta por el Oasis del Este, que depende de la regulación y el aprovechamiento del río Tunuyán aguas arriba, "existe contaminación de acuíferos por pozos en mal estado, uso de agroquímicos y salinización de suelos"

En otro ejemplo, se indica que sobre la UIT 3, territorio que corresponde al Valle de Uco, dice que "hay erosión del suelo, salinización por inadecuadas prácticas agrícolas y severos procesos de contaminación por efluentes domiciliarios e industriales".

Entonces, yo me pregunto, si la Ley 7722 es la defensora del agua, qué fue lo que falló en estos casos, justamente ubicados en dos zonas donde las protestas antimineras son fuertes y donde se argumenta que si no está la ley se puede contaminar el agua, en circunstancias que ya hay un fuerte impacto por las actividades que allí se realizan.

Con los datos sobre la mesa, y aclarando en base a datos técnicos que el real y único alcance de la 7722 es prohibir la minería metalífera, podemos buscar una explicación del por qué esa defensa férrea de la normativa. 

Después de estar cubriendo las alternativas de la marcha del lunes, me dediqué especialmente a analizar el reclamo de la gente de San Carlos y otras partes del Valle de Uco para tratar de entender por dónde iba su protesta. Me encontré con gente que si bien repite un discurso, lo cree profundamente. Aunque desconoce su funcionamiento, ve en una actividad legítima como la minería una especie de demonio. Esa imagen, en muchos casos, fue transmitida durante más de doce años y bajo la dinámica del miedo.

El miedo moviliza al ser humano como ninguna otra cosa, tanto así que es capaz de hacer cosas que nunca imaginó. En este caso, si a cientos de familias que viven en su mayoría de alguna actividad relacionada con la agricultura les repetís durante años que la minería va a venir a contaminar su agua con cianuro y ácido sulfúrico y afectará su salud y su fuente de trabajo, claramente les generás un temor que superar a cualquier explicación tardía, como las que se les intentó dar en las últimas semanas. Eso, porque en estos doce años también hubo falta de información desde las autoridades y desde la propia industria, que tiene que hacer una autocrítica en ese sentido.

Es muy difícil contrarrestar con ideas cuando el miedo está incrustado en el pensamiento de una persona. Ejemplos de ello hay cientos en el mundo en situaciones en que el miedo domina por encima de los datos, la ciencia y la razón.

Lo que se ha hecho en estos años es casi una evangelización, un verdadero adoctrinamiento que en esta última etapa sumó a mucha gente que se identificó con un movimiento. Eso, porque -sin duda- se hizo un muy buen trabajo comunicacional y se mostró el verdadero poder que tienen las redes sociales en situaciones como la que se generó en las últimas semanas y que tiene otras muestras importantes como el estallido social en Chile.

Entonces, y con ese panorama, para mí claramente la Ley 7722 no defiende el agua y me parece una excusa para no permitir la minería. Sin embargo, tampoco puedo desconocer que cada pueblo es libre de decidir lo que quiere para su futuro, aunque también creo que el mejor lugar para hacerlo a través de los procesos democráticos establecidos. En esta ocasión no fue así y se optó por la presión en las calles. El resultado lo conocemos y, como en la mayoría de estos casos, nunca sabremos si existe esa mayoría silenciosa de la que habló Suarez, porque no existen las herramientas para hacerlo.

PD: Digo mayoría de los casos porque hay momentos en que las manifestaciones sociales canalizan otros procesos que, al final del dia, permitirán determinar si lo que sucedía en las calles era el pensamiento de la mayoría o había una mayoría silenciosa. Ese ejemplo está al otro lado de la cordillera, donde las protestas sociales terminarán en un proceso de votación en el que los chilenos decidirán qué hacer con sus constitución.

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