Para algunos antimineros la derogación no alcanza y quieren ir por todo

Aunque un colega me sugirió la frase de Maradona para Toti Pasman el mismo día que se derogaba la Ley 9209, estoy lejos de sentirme de esa forma. Sigo creyendo -y aunque marcharan el doble o el triple de personas- que la actividad minera es un motor económico válido y perfectamente posible de hacer en Mendoza. Además, después de todo lo sucedido, confirmo el desconocimiento que existe sobre la actividad minera en cada conversación que he sostenido desde que Suarez dio marcha atrás. En todas ellas, el miedo aparece como la gran razón para oponerse, el miedo a situaciones que en muchos casos rozan la fantasía.

Sin embargo, lo que me sorprendió este fin de semana es cómo hay sectores que buscan generar ese miedo a partir de cualquier situación relacionada con la actividad minera, incluso las que están relacionadas con proyectos que -en teoría- tienen licencia social.

El viernes este diario publicó una nota señalando la posibilidad de que se cree la empresa provincial de minería, algo que estaba establecido en la Ley 9209, pero que claramente la excede porque el objetivo de crearla -aún con la ley derogada- sería poder finiquitar el acuerdo del traspaso de Potasio Río Colorado S.A. al Estado mendocino. Como el Estado no puede tener minas, necesita que pasen directo a una empresa con participación estatal, como sería la nueva o, en su defecto, la Empresa Provincia de Energía (EMESA). En cualquiera de los casos se necesitaría participación legislativa, ya sea para crear la empresa o para ampliar el objeto de la que ya está en funcionamiento.

Lo llamativo es que la sola posibilidad de que se cree una empresa provincial activó a los antimineros en las redes para llamar a una asamblea en la Plaza Independencia y reclamar porque el Estado "se quiere quedar con Potasio Río Colorado". Esto sólo confirma que la defensa del agua es la forma en que quieren tocar la fibra del mendocino, logrando darle masividad a su reclamo. Pero dentro de esa masividad, en las bases, hay grupos que se oponen a todo tipo de desarrollo.

PRC en todo momento contó con la licencia social y con todos requerimientos técnicos para poder operar, pero ahora que vieron el efecto que tuvieron las manifestaciones en las callles -por la simpatía que generaron- quieren apuntar a un proyecto que nunca tuvo reparo alguno para su desarrollo. En el fondo, es una muestra de que más allá de la masividad de las marchas, hay grupos que quieren por todo y oponerse a cualquier tipo de desarrollo a través de cortes y marchas, pero nunca a través del diálogo.

En el fondo, van a estar en contra de cualquier cosa que huela a minería, o quizás en el corto plazo, también se movilicen contra el fracking, a pesar que todavía no tuvieron éxito. Aunque, como recordarán, en ese caso también se intentó avanzar con el miedo hablando de Mendoza como un tierra sacificable a través de un audio apocalíptico que se difundió a través de Whatsapp.

Hoy recuperar PRC es intentar mantener un proyecto pero a un nivel mucho menor al que se pensó originalmente y sin el impacto que podria haber tenido en el mercado laboral y la economía. Aún así, ahora lo quieren poner en la mira de las manifestaciones populares. Si la Ley 7722, como aseguran, es para cuidar el agua, no habría razón alguna para oponerse a PRC porque -aunque casi siete veces el agua que usaría San Jorge- no tiene choque con la normativa que prohibe el uso de ciertas sustancias.

Entonces, que no les extrañe en el futuro que cuando alguien se anime a avanzar con proyectos mineros que no tengan choque con la 7722, porque existen, el discurso del miedo vuelva a instalarse pero desde otra posición, porque como decía, el fondo de los que están detrás de todo es apuntar contra cualquier cosa que huela a minería.