Las debilidades de un equipo que dejó a Suarez en soledad

Tras la derogación de la Ley 9209, hay muchos pases de factura dentro del oficialismo. Nadie se "inmoló" por Suarez, como sí lo hizo en su momento Mema por Cornejo. Los funcionarios más apuntados.

Acreditarse cada éxito de su gestión y desligar responsabilidades en algún miembro del Gabinete ante un traspié. Esa es la lógica de quienes gobiernan, desde un intendente al presidente, para que no se plebiscite su capital político día a día. Así lo entendió Alfredo Cornejo: en la victoria, por ejemplo, hizo suyo el ítem aula, mientras que fue Jaime Correas quien tuvo que dar explicaciones ante la impopular medida de intentar iniciar las clases un 18 de febrero; o Natalio Mema, quien se "inmoló" por Cornejo al hacerse cargo de los errores iniciales del Mendotran. Sin embargo, esa máxima estuvo ausente en las primeras semanas del gobierno de Rodolfo Suarez.

Más allá de que el gobernador fue el principal vocero de la modificación de la Ley 7722, los principales jugadores de su Gabinete brillaron por su ausencia o por sus errores durante el tratamiento y posterior marcha atrás, que culminó con la derogación de la Ley 9209. Incluso, aún persisten dudas dentro del Gobierno sobre las intenciones de algunos ministros que en medio de la batalla, según consideran algunos que creían en un cambio en la legislación minera, cometieron errores "dolosos o culposos"

Volviendo a la lógica inicial, el 100% del costo político de las idas y vueltas en torno a la minería fue asumido por Suarez; en parte, por voluntad del gobernador, pero además por inacción de sus funcionarios: de alguna u otra manera, lo dejaron solo. Incluso, quienes marchaban en contra de los cambios a la 7722 no reconocerían por la calle a varios de los ministros que tampoco se esforzaron desde que asumieron en hacerse conocer.

Con la batalla ya iniciada, el Ejecutivo designó a algunos ministros que serían los encargados de hacer conocer las "bondades" de la nueva ley minera. Uno de ellos, decidió no atender el teléfono a los medios que lo llamaban. Otros recién aparecerían al día siguiente del requerimiento periodístico. Y mientras tanto, en la cabeza de Suarez se representaba el escenario chileno y, por consiguiente, se iba plasmando la derogación de la Ley 9209; así se los planteó a legisladores e intendentes aquel viernes 27.

Concretamente, fue llamativa la falta de presencia de Víctor Ibáñez en medio del conflicto. El ministro más político del Gabinete, hombre de máxima confianza del gobernador, recién apareció tras el llamado al diálogo de Suarez y sólo para dar una consideración técnico-legista de la no reglamentación de la 9209. Ausente en su faceta política, algo inédito para un ministro de Gobierno cuando su gobernador es atacado, estuvo lejos de cumplir el rol de guardaespaldas que ejercieron sus antecesores: Dalmiro Garay, Félix González, Mario Adaro y tantos otros que "cuidaron" al 100% a sus jefes.

Entre los apuntados también está Enrique Vaquié, redactor de la Ley 7722, normativa que no estuvo vigente durante una semana. Quienes estaban a favor de la industrialización minera, dentro del Gobierno, desconfiaron de la voluntad detrás del accionar público del ministro de Economía e incluso destacaron algunas actitudes: en medio del conflicto, desde la cartera energética se habló de la cantidad de proyectos mineros que tendrían potencial para mejorar la economía, pero quienes se oponían en las rutas interpretaron el dato como una inminente llegada de la minería. En la Legislatura, un oficialista no ocultó su malestar por un presunto viaje de Vaquié en plena guerra.

Una versión que circuló rápidamente después de la derogación de la 9209 fue la renuncia del subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú. Al menos, según pudo chequear posteriormente Memo, el funcionario hizo el amague. Pero en los hechos, Guiñazú fue quien más militó el efecto positivo que generaría la nueva ley minera, aunque con falencias políticas: como encargado del área desde hace tiempo y con la confianza ratificada por el mismo Suarez al nombrarlo nuevamente, no previó, al igual que tantos otros, los cortes de ruta y las enormes manifestaciones. Confiaba en que el accionar de la Justicia Federal en 2018 durante el debate por el fracking, imputando a quienes impidieron el tránsito, los haría escarmentar y no repetirían esa actitud.

Párrafo aparte para el rol que jugaron algunos intendentes en pro de la industrialización minera y una nueva legislación, tal como proponía Suarez. Tadeo García Zalazar, de Godoy Cruz, fue uno de los que más lo apoyó con argumentos sólidos: para desarrollar energías limpias son necesarios los minerales. En la misma línea estuvieron Ulpiano Suarez, de Capital, y Marcelino Iglesias, de Guaymallén. A diferencia de algunos funcionarios, pusieron la cara para defender al gobernador.

Queda claro que quien quedó al frente de la modificación de la Ley 7722 fue el gobernador Rodolfo Suarez, que había planteado su postura a favor del desarrollo minero en la campaña, que culminó con un apoyo superior al 50%. Pero al jefe del Ejecutivo no lo cubrieron sus soldados, ni mucho menos recibieron una bala por él; Ibáñez, Vaquié, Guiñazú o el secretario de Ambiente Humberto Mingorance no acusaron recibo de una guerra que, al menos por ahora, no dejó ningún caído.

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