La trastienda de los 10 intensos días del arranque legislativo de Suarez

Aunque lo repitió durante toda la campaña, sorprendió a propios y extraños con la decisión de arrancar con un debate complicado. Lo que ocurrió durante 10 días fue un intenso trámite legislativo que ya diferenció a Suarez de Cornejo y lo pone en un camino en el que puede seguir sorprendiendo.

Durante toda la campaña electoral el gobernador Rodolfo Suarez habló de la necesidad de modificar la Ley 7722 para poder desarrollar la minería. Era un convencido de que el clima social había cambiado y lo confirmó con el resultado de las encuestas que encargó para medir el tema. Era uno de los temas más complicados de su agenda y lo puso como prioridad para lograr concretarlo para que no se mezclara con la discusión del Presupuesto 2020.

La sorpresa

La noche del lunes 9 de diciembre, mientras se desarrollaba el acto de traspaso de mando en la explanada de Casa de Gobierno, surgió el dato de que la primera acción de Suarez sería firmar el proyecto para modificar la Ley 7.722. Ya se había confirmado que tras las conversaciones con el PJ, y tras el intento fallido por tratar los proyectos de Juan Agulles y Alejandro Abraham, que sería el Ejecutivo el que enviaría un proyecto para intentar modificar la denominada ley antiminera. 

La confirmación

Así, lo primero el martes 10 fue confirmar el dato. En los primeros minutos no había registro de ingreso algunos, pero cerca de las 9 de la mañana en los sistemas aparecieron dos expedientes ingresados por el Ejecutivo en el Senado. La modificación de la 7722 y el pliego de José Thomas para la DGE.

De inmediato comenzó una especie de frenesí legislativo porque la cuestión era resolverlo lo antes posible, considerando que el texto tenía muchas cosas que ya habían sido analizadas en el proyecto de Alejandro Abraham y se conocían por un borrador que circuló un par de semanas antes de que llegara oficialmente a la Casa de las Leyes.

Los antimineros sí lo esperaban

No era una cuestión que los grupos antimineros no esperaran, ya que por lo menos un mes antes de que ingresara el proyecto, cada martes -día en que sesiona el Senado- se instalaban carteles contra la reforma de la 7722. Estuvieron ahí también el martes en que estuvo cerca de tratarse durante la las últimas semanas de la gestión Cornejo, pero que no se hizo porque no contó con el apoyo de la PJ.

El texto y el tema estaba instalado por lo menos hace dos meses, y la discusión era la misma de los últimos doce años, pero con la diferencia que Suarez avanzó decidido y dispuesto a pagar el costo político que tiene una medida de este tipo en algunos sectores que se atribuyen la representación de toda la sociedad mendocina.

Por qué no se extendió el debate en el tiempo

Una vez que ingresó surgió la duda respecto al acompañamiento del PJ y en los pasillos se comentaba que le querían "hacer pisar el paltito" a Suarez con un pedido de zonificación. Mientras seguía el curso legal del expediente se realizaron las negociaciones de rigor y se decidió -para darle celeridad- el tratamiento en comisiones conjuntas del Senado y Diputados. 

Era una señal de que se intentaría resolver rápido un tema que ya se venía discutiendo. Además, y según conversaban los mismos legisladores en la Casa de las Leyes, por más tiempo que se diera al debate, no había posibilidad de acercar posiciones porque quienes están en contra de la minería nunca aceptarán la posibilidad de desarrollarla, sin importar la forma, el lugar y el tiempo. Algo que quedaría demostrado más tarde.

Las condiciones del PJ

El lunes 16 comenzó a aclararse el panorama con la conferencia del PJ en la que pidió cuatro puntos y señaló que sólo había licencia social para hacer minería en Malargüe. Eso motivo que los representantes del sector minero e industrial que estaban presentes se retiraran molestos por la posición que tuvo el Frente de Todos. En ese mismo lugar los sectores antimineros se comenzaron a hacer sentir y se las rebuscaron para plantear sus posturas en medio de la conferencia.

Tranquilos, hay acuerdo

Ese mismo día arrancaron las exposiciones en las comisiones con Emilio Guiñazú y Humberto Mingorance, quienes consideraron que -pese a los pedidos- tenían el apoyo del PJ, lo que se fue notando a medida que tomaban la palabra los legisladores. Además, senadores de Cambia Mendoza -en off- insistían que más allá de lo fuerte que pudo sonar la dirigencia peronista, había acuerdo para avanzar con la modificación. Pero como nunca está de más asegurarse, justo ese día Suarez se reunió con Alberto Fernández en Casa Rosada y le pidió asegurar el apoyo de peronismo local al proyecto.

El punto de inflexión

El martes 17 el optimismo oficialista era aún mayor y, con una mayor cantidad de participantes respecto a los otros martes, afuera de la Legislatura se realizaba una marcha antiminera con el intendente de San Carlos a la cabeza. Se hizo ese día porque se pensó que se podría tratar en el Senado, cuestión que no iba a suceder. En comisiones se escuchó a los representantes de las asambleas a través de cuatro expositores mientras en el exterior se iniciaban las protestas.

Terminaron las comisiones, se inició la sesión del Senado y casi al finalizar el senador Priore denunció un incidente en el anexo de Diputados, donde se agredió a un asesor. De inmediato fue apuntado por otros legisladores como Marcelo Romano y Silvia Stocco, pero en ese mismo instante se confirmaría, además, que el edificio legislativo estaba rodeado por manifestantes que no permitían salir o ingresar.

Algunos felices, otros angustiados

En un hecho que algunos relativizaron, que otros disfrutaron (como Marcelo Romano) y que otros sufrieron. Fueron tres horas empleados y periodistas y seis para los legisladores. Fuimos retenidos, insultados y atacados en un hecho que para mí sigue siendo muy grave y especialmente preocupante porque algunos de los que estuvieron temprano exponiendo en comisiones encabezaban y dirigían el encierro. No llegaban a más de 1.000 personas a esa hora en el exterior.

Ese día, además, comenzó a romperse aún más le relación del senador Marcelo Romano con sus pares, quienes lo acusaron de escrachar y prácticamente entregar a quienes votarían a favor de la reforma. Todos lo vieron sonriendo, disfrutando del momento a medida que hacía imágenes con su celular y se paseaba por el perímetro de las vallas. Para ser justos, no todos los que estaban en contra de la reforma disfrutaban, otros legisladores estaban en el salón de los Pasos Perdidos y se preocupaban de la forma en que terminaría todo, como el representante del PTS Lautaro Jiménez.

La retención de los legisladores, empleados y periodistas contra su voluntad, fue un punto de inflexión en el tratamiento del proyecto, porque muchos entendieron que no había voluntad de discutir sobre el tema, sino de imponer una postura de la forma que fuese necesaria. 

El despacho y la seguridad

El miércoles 18 el ambiente era otro y las medidas de seguridad también. Los controles se agudizaron. Mingorance llegaba temprano y al teléfono preguntaba si se quedaban o no en la Legislatura después de lo ocurrido el martes. Finalmente decidieron estar en el cierre del debate de las comisiones conjuntas, mismo día en que dejaron de asistir algunos de los representantes de las asambleas que estuvieron al frente del bloqueo al edificio.

Ese día fue clave. Se terminó el trabajo en comisiones y se fijó el jueves para dar posible despacho, dando pie para el tratamiento que se preveía podía ser el lunes 23 porque el Senado tenía fijada una sesión especial. Sin embargo, dos hechos habrían la posibilidad de que fuera antes.

El momento en que se decidió avanzar

El primero al inicio parecía no tenía mayor relevancia, pero la tomó luego. Mario Abed salió del nuevo anexo de la Legislatura rumbo a Casa de Gobierno junto a Alejandro Diumenjo (jefe del interbloque de Cambia Mendoza en el Senado) y Juan Carlos Jaliff, la biblia a la que todos consultan sobre los reglamentos. 

Podría haber sido una reunión más, pero minutos más tarde en la sesión de tablas de Diputados se pidió pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes. ¿Hasta el viernes y para qué? Entonces se deslizó la posibilidad de tratar la reforma a la 7722, pero para poder hacerlo primero tenía que votarlo primero el Senado.

Entonces todo comenzó a encajar. La reunión en Casa de Gobierno a la que fueron Abed, Diumenjo y Jaliff era con Suarez y para fijar la fecha en la que se trataría la reforma de la 7722. Eso se concretó horas más tarde con la notificación oficial que recibieron los senadores en la que se les informaba que el viernes se trataría el texto del Ejecutivo para cambiar la Ley Antiminera.

El despacho

El jueves a primera hora se reunieron las comisiones del Senado para hacer el despacho, lo que se concretó pero con una mínima polémica porque el senador Marcelo Romano llegó tarde y no le permitieron hacer uso de la palabra, lo que generó una respuesta a los gritos y promesas de piñas con un diputado radical de San Rafael.

Con todo listo, esa misma tarde se inició el operativo de seguridad y se llevaron las vallas a la Plaza Independencia y se impidió el ingreso a un perímetro de cuatro cuadras alrededor del edificio legislativo. 

El operativo de los 300 policías

El viernes desde primera hora, antes de las 6, ya había un dispositivo con más de 300 efectivos policiales en marcha. A las 6.30 ya llegaron los primeros senadores y la cantidad de manifestantes que llegó daba a entender que veían venir el resultado.

Abed no quería estar ahí

Minutos antes de las 9 y casi en solitario, Mario Abed entró al recinto y sólo había un par de senadores. Los saludó, pero se le veía incómodo o inquieto. Minutos después dio el arranque a la sesión, pero sólo se quedó cinco minutos y dejó su lugar a Juan Carlos Jaliff. Luego volvería cuando sólo quedaba la intervención de Alejandro Diumenjo, pero visiblemente incómodo. Tanto así, que al momento dar la palabra confundió al apellido del senador. Cuando Diumenjo terminó, Abed no esperó la votación, se paró, se fue y dejó a Jaliff al frente de la sesión.

La media sanción

Con el 29 a 7 en las pantallas y pasadas las 13, algunos legisladores apuraron el paso y se retiraron de la Casa de las Leyes, mientras que otros se quedaron dando declaraciones y otros fueron a comer algo para volver a ver el desenlace de todo en Diputados.

Sin embargo, el tiempo sólo alcanzó para comer algo rápido porque la espera duró menos de una hora y se retomó la sesión que estaba en cuarto intermedio desde el miércoles en Diputados. En ese lapso, desaparecieron las manifestaciones del exterior, tanto las que estaban a favor como las que estaban en contra.

La sanción definitiva

Luego vino la sesión en Diputados, la que se extendió casi innecesariamente para algunos, porque ya todos sabían que los números eran ampliamente favorables a la reforma.

Al termino de la sesión el exterior era un desierto, sin gente, sólo policías que mantenían el perímetro libre. En el interior, un Jorge Difonso afectado trataba de explicar sus sensaciones.

Exactamente 10 días después del envío, el 20 de diciembre, terminaba aprobado el proyecto de reforma de la 7722 del gobernador Rodolfo Suarez.

El análisis y lo que viene

Quizás el tratamiento podría haber demorado más, pero las posiciones extremas y el punto de inflexión que significó el hecho del martes, terminó por convencer tanto al oficialismo legislativo como a Suarez, que era el momento para avanzar porque había consenso con la oposición y se quería evitar mezclar la discusión con el Presupuesto 2020, el cual había ingresado dos días antes a Diputados.

La ausencia de manifestantes y dirigentes de las asambleas al final del tratamiento de las comisiones ya daba a entender que sabían el resultado, por lo que desde el otro lado, también tienen claro que -desde ahora- comenzarán las presentaciones judiciales contra la reforma, una cuestión que sabía de antemano.

Desde el inicio el gobernador sabía que iba a tener que pagar un costo político por esta decisión de avanzar con la minería, un costo que está dispuesto a pagar y que podría convertirlo en uno de los estadistas que han estado al frente de Mendoza. Ahora eso depende de la forma en que se tomen los reclamos de los que están en contra y cómo se reinicie a historia minera mendocina.


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