¿Se puede habilitar la minería en Malargüe reglamentando la 7.722?

A pesar de las intenciones y de la denominada "licencia social" que todo el mundo asegura que Malargüe tiene para desarrollar la actividad, es claro que el objetivo de avanzar con esa industria no será simple, sino todo lo contrario, será un proceso que generará ruido en caso de que se decida dar un paso adelante.

Sólo se necesita ser realista para saber que quienes organizaron las violentas manifestaciones antimineras en 2019, y que derivaron en la derogación de la Ley 9.209, van a volver a accionar si el departamento de Malargüe presenta un proyecto de ley en la Legislatura.

Como ya explicamos en Memo, para poder hacerlo a través de la vía legislativa es necesario que se modifique la Ley 7.722, situación que va a movilizar a los antimineros, a los partidos de la izquierda (que acá rechazan la minería, pero que en otras provincias se movilizan contra el cierre de minas) y sumarán a quienes desconocen realmente cómo funciona la industria y actúan en base al miedo.

Por ahora nadie conoce el detalle, ni cuando se avanzaría con la presentación de un proyecto, pero en el sur provincial el año pasado hicieron un borrador y los que alcanzaron a ver el documento indicaron que era muy parecido a la Ley 9.209, pero haciendo una especie de zonificación para Malargüe.

Aunque el gobernador dio vía libre para que se avance con una discusión legislativa, dijo claramente que no depende de él ese proceso, lo que genera incertidumbre respecto al posible destino de un proyecto. En ese contexto, surgieron algunas voces que plantearon que otra posibilidad sí estaba en manos del Ejecutivo y consiste en reglamentar la 7.722, la cual en sus casi 15 años de vigencia nunca cumplió con ese proceso.

Una de las consecuencias de esa falta de reglamentación es el conflictivo rol que cumple el poder legislativo, ya que si bien la ley establece que la Declaración de Impacto Ambiental de cualquier proyecto debe pasar por ambas cámaras, cumplen un rol ambiguo que les permite -por ejemplo- ponerse por encima, y cuestionar las resoluciones organismos técnicos y especializados en base a opiniones personales y hasta sentimientos.

Pero más allá de eso, que es una realidad, conversando con especialistas sobre la posibilidad de pensar en la reglamentación de la ley para poder exceptuar de alguna manera a Malargüe y permitir el desarrollo de la minería, consideran que no es imposible, pero que es muy complicado y que debe ser analizado cuidadosamente. En términos simples, anticipan que debe ser un proceso bien analizado y no que se utilice para la coyuntura política.

La clave de la reglamentación es que no puede ir contra el espíritu de la ley misma, por lo que una excepción a lo que indica la normativa debe ser aplicada de una manera adecuada y respetando la razón por la que se sancionó la 7.722. El sentido para algunos es el cuidado del agua, aunque en la realidad es sólo una ley que impide el desarrollo de la minería y el agua sigue con los mismo problemas que acarrea hace décadas por malas administraciones y falta de inversiones.

Aunque es entendible el reclamo malargüino y es evidente la molestia de su población, también es cierto que las autoridades políticas se ven presionadas para lograr objetivos. En el caso de Malargüe los golpes han sido continuos con la caída de Potasio Río Colorado y ahora también con Portezuelo del Viento. La cuestión es que en ese contexto no se vuelva a ir a la Legislatura con la bandera de la minería sin tener en cuenta la historia reciente y los casos anteriores, especialmente si el Poder Ejecutivo no se hará parte de la discusión.