Estanflación, con un 50% que quiere achicar el Estado y otro 50% que quiere agrandarlo

El nuevo presidente avisó que se viene estanflación, pero esto ocurre desde 2011, mientras aparecen sectores que apoyan este proceso y otros que se resisten. La columna de Rodolfo Cavagnaro.

Rodolfo Cavagnaro

El presidente electo, Javier Milei, anticipó que los argentinos deben prepararse para vivir un periodo de estanflación y pronosticó que la inflación de noviembre será la más alta, pero la de diciembre será superior. La estanflación es un proceso en cual conviven una fuerte recesión con altas tasas de inflación. En este caso, la recesión será más grande que las que hemos conocido y tendrá el efecto de una fortísima frenada en un vehículo lanzado a alta velocidad.


Asistencia sin "ismo"

Todos estos anuncios son previos a la asunción de nuevo mandatario, quien ya anticipó un duro ajuste presupuestario para rebajar el gasto público. Este menor gasto es plata que va a faltar en el mercado. Pensemos que el Estado venía funcionando con una elevada emisión monetaria y de pronto deberá hacerlo con recursos propios y pagarán lo esencial y lo demás dejarán de pagarlo. Ahí sufrirán muchos contratos, proveedores.

La inflación se va a acelerar porque terminan la mayoría de los controles de precio, se terminan los subsidios de las tarifas de servicios públicos y hasta de los combustibles. Según relatan, algunas empresas han dispuesto aumentos de hasta el 40% que impactará en los bolsillos de los consumidores, lo que se sumará a la recesión, porque los salarios no se recuperarán tan fácil. Según la consultora Eco Go, de Marina dal Poggetto, hasta la tercera semana de noviembre, los precios habían aumentado, en promedio, un 15%, con lo cual pensar que el mes cierre cerca 20% no es improbable.

Hay empresas productoras de alimentos que han aplicado aumentos del 50%, pero en el rubro panificados han alcanzado casi el 100%. Está claro que las empresas, además de salir del cepo de precios, están esperando una devaluación del dólar oficial. No esperan que se levante el cepo al dólar, pero el momento, pero sí habrá una adecuación de los valores de los dólares oficiales, que algunos estiman en un valor de $650 o $700. Esto implica un aumento de los costos de todos los insumos importados.  

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En realidad, lo que está anunciando Milei es un proceso que es la consecuencia de las políticas aplicadas en los últimos diez años. Los primeros seis meses serán vitales porque es el tiempo en el que, al liberarse los cupos, los precios relativos buscarán sus niveles de equilibrio. El jueves la futura ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino les dijo a los industriales que no habría más controles, que podían poner los precios que quisieran, pero no habría ningún tipo de protección y, si se equivocaban con los precios, debían hacerse cargo de las consecuencias. El Estado no saldrá a salvar más empresas.

De todos modos, algunos empresarios, más optimistas, reconocen que el ajuste lo vienen haciendo hace más de diez años, pero que los últimos dos fueron peores por las tasa de inflación y el atraso cambiario. O sea, no creen que lo que venga sea mucho más grave, aunque reconocen que puede haber consecuencias no deseadas, como puede ser el cierre de lagunas empresas o despidos de personal. Por eso insisten en la necesidad de cambiar la legislación laboral, que es el mayor obstáculo para la creación de empleos.

Hay muchos sectores en Argentina que tiene capacidad de reacción rápida si las condiciones vuelven a ser las normales, es decir, se sincera el tipo de cambio, se eliminan regulaciones absurdas y se cambian las legislaciones como la laboral y algunos impuestos, puede haber una recuperación de las exportaciones y con ello nuevas inversiones y creación de puestos de trabajo, que contrapesen a empresas que puedan terminar perjudicadas. La economía de Mendoza es un ejemplo. Las nuevas decisiones llegan en momentos que se atraviesa una buena cosecha de frutas, que anticipa una buena cosecha de uvas, entre 19 o 20 millones de quintales, podrían abrir camino a tratar de recuperar terreno en segmentos en los que hubo que abandonar por problemas de costos. Por eso, en nuestro caso, las consecuencias pueden ser menos graves y la recuperación llegar más rápido.

Unos que sí y otros que no

Cada día va quedando más claro que hay un sector de empresas y personas que necesitan que el estado se achique, deje de asfixiar las actividades empresarias y profesionales, tanto con regulaciones como con impuestos y tasas absurdas. En realidad, esa mitad y algo más de la población, que fue la que votó a Milei es la que apoya la reforma del Estado, que apoya la desregulación de la economía, la rebaja de impuestos y que quiere que quienes trabajen en el Estado hagan cosas útiles. Esa parte de población ya entendió que es ella la que paga con sus impuestos los gastos del Estado.

Hay otros sectores que siempre vivieron de la protección y que sienten mucha preocupación. Es que no están acostumbrados a competir, estaban ya acomodados al sistema de precios acordados. A tanto había llegado esto que se había generado una categoría de ejecutivos (también funciona en el terreno internacional) de especialista en mercados regulados. Es que todos saben que donde hay una regulación y hay un posible peaje para poder trasponer ciertos límites.

Por supuesto, muchos empleados de empresas del Estado o que están vinculadas al Estado o a ciertas dependencias, que ven con mucho riesgo que puedan cambiar las regulaciones y quedarse sin las ventajas de las que gozaban. Muchos empresarios de este sector apoyaron claramente a Sergio Massa en las elecciones y tienen mucho miedo y están viendo las formas de resistir las reglas del cambio.

Donde el panorama es más complejo es en el caso de los gobernadores e intendentes. Es que además de los fondos de coparticipación, que son obligatorias y se envían por transferencias automáticas a medidas que ingresa la recaudación, se había generado un fondo para ATN (Adelantos del Tesoro Nacional) que se distribuía en forma discrecional. Mendoza, por ejemplo, casi no recibía de estos fondos por enfrentamientos entre el gobierno provincial con el Nacional.

Cuando Massa, en plena campaña, decide eliminar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, fue para satisfacer a algunos dirigentes sindicales gordos, Porque sacar el impuesto para los que cobraban más de 1,2 millones de pesos mensuales era absurdo. En todos los países, los salarios altos pagan impuesto a las ganancias. Lo que hizo Massa fue sacarle el impuesto a los sindicalistas que lo pagaban diciendo que beneficiaba a los obreros. Ningún obrero llegaba ese nivel.

Esta decisión, más la de la devolución del IVA sobre productos de la canasta familiar, afectó los ingresos provinciales porque disminuía los fondos coparticipables. Muchos se quejaron, Mendoza planteó una acción judicial ante la Corte. Por iniciativa de los gobernadores peronistas todos los mandatarios provinciales se reunieron con Massa, aún ministro, quien muy generoso les aseguró un pago compensatorio. ¿De dónde sacó la plata? Simplemente, del fondo de los ATN que no había ejecutado, Esa decir, era plata de los mismos gobernadores que el ministro "generoso" había retenido.

Entre los gobernadores hay quienes tratan de resistir detener que ajustar presupuestos en sus provincias y trasladar esta realidad a sus intendentes. Hay otros más avanzados y algunos se adelantan a debatir un sistema nuevo de coparticipación que premie a las provincias que mejor administren, pero que también reestructuren su sistema impositivo. Durante el gobierno de Macri se había firmado un acuerdo para eliminar Ingresos Brutos y cuando terminó esa gestión eso fue dejado de lado por el gobierno de Fernández.

En los próximos meses veremos a sectores que apoyarán las nuevas reglas y sectores como gobernadores, dirigentes sindicales y dirigentes sociales que tratarán de resistir las medidas. Habrá que ver la muñeca que tengan las próximas autoridades para administrar estos conflictos.

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