El día en que Mendoza retrocedió doce años y volvió el "vale todo"

Hubo negociadores, condiciones y una salida nerviosa y tensa. Que cada uno le ponga el nombre que quiera, pero lo que quedó claro es que retrocedimos como sociedad democrática.

Después de doce años parecía que la discusión sobre el posible desarrollo de la minería en Mendoza iba medianamente encaminada, con posiciones a favor y en contra, pero que apuntaban a un tratamiento más técnico de la actividad y un debate que -por lo menos- intentaba elevar la altura de la discusión.

Sin embargo, en medio de todo ese proceso, y de pronto, Mendoza retrocedió doce años y volvió al tiempo del "vale todo" y a punta de violencia -porque fue un episodio violento- se intentó imponer el pensamiento de un grupo que se atribuye la representación de todos los mendocinos, una cuestión de la cual me permito dudar.

Tal como dijo una colega, si tenemos una negociación, policías, abogados y un grupo de personas que impide a otra hacer su vida normal y de acuerdo a su voluntad, podríamos hablar perfectamente de un secuestro. En cierta forma lo fue, aunque no quisiera ponerlo en ese nivel por el respeto que merecen las personas que fueron víctimas de un hecho de ese tipo con otras consecuencias y con un dolor que no podemos imaginar.

Lo que sí no se puede negar es que se trató de un episodio violento. Un grupo de personas, encabezadas por dirigentes que estuvieron más temprano exponiendo frente a los mismos legisladores a los que luego les impidieron la salida, determinó que nadie podía salir de la Casa de las Leyes porque ellos no estaban de acuerdo con lo que sucedía en el interior, a pesar de que estaba dentro de los marcos establecidos en un proceso democrático.

Se acercaban a las vallas y apuntaban a cualquiera que estuviera por ahí y los insultaban gratuitamente. Si es no es violencia, no sé qué es. 

Sin embargo, lo más cuestionable es que las mil personas que estaban en el exterior se atribuían la representación de todo el pueblo mendocino, algo que -para mí- se puede poner en duda claramente. 

Si nos dejamos llevar por las banderas que estaban en el lugar, que pertenecían a agrupaciones de izquierda, los resultados de la última elección realizada en octubre indican que representan al 2,90% de la población mendocina. Si a eso le sumamos, por ejemplo, al legislador Marcelo Romano que en su campaña como diputado nacional puso la temática del agua como su bandera de lucha, tenemos que alcanzó un 6,71%.

Por el otro lado, entre el oficialismo y el sector mayoritario de la oposición, que discuten de manera técnica la posible reforma a la Ley 7.722, suman un 80%. Yo, en base a cifras reales y no supuestos, por lo menos me permito dudar del nivel de representatividad que pueden tener estos grupos.

Y por qué retrocedimos 12 años, porque se quiere menospreciar y descalificar un debate legislativo que cumple con todos los pasos necesarios para cambiar una ley y se busca resolver una discrepancia a partir de la aplicación de violencia en las calles.

Además, entre los grupos que se manifestaron afuera de la Legislatura y mantuvieron encerrados a legisladores, empleados y prensa, reclamaron ser escuchados, lo que me pareció curioso porque entre las personas que aparecían organizando al grupo al otro de las vallas, había por lo menos un dirigente que había estado más temprano en la reunión de comisiones dando a conocer su posición frente al plenario.

Otra cuestión que al parecer no consideran es que dentro del debate hay posiciones a favor, pero también en contra, por lo que sus voces están representadas más allá de las banderas políticas que había afuera de la Legislatura. Además, y cómo están en todo su derecho, y como corresponde a las opciones que da una sociedad democrática, las organizaciones ambientalistas señalaron que acudirán a la Suprema Corte para pedir la inconstitucionalidad en caso de concretarse las modificaciones.

Esperemos que lo ocurrido ayer no pase de ser un episodio triste y que la discusión se mantenga y se desarrolle donde corresponde, sin violencia en las calles ni intentos de presionar o atemorizar a quienes deben tomar las decisiones que apuntan al bien común de todo el Estado y la ciudadanía, más allá de lo que piense un grupo que -desde mi visión- no es representativo del total de los mendocinos.


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