El desafío de la minería en Mendoza, compromiso del Estado y la sociedad
La presidente de la Asociación Geológica Mendocina analiza la situación en torno a la reforma de la Ley 7.722 y al realidad de los profesionales del área de la que forma parte.
Ante la situación planteada en los últimos días sobre la Ley 7.722 y a raíz de las opiniones que se han hecho públicas al respecto, la Asociación Geológica de Mendoza quiere ratificar su compromiso permanente con el desarrollo sustentable de todas las actividades productivas en la provincia de Mendoza y se opone a las irracionales y discriminatorias prohibiciones impuestas a los profesionales universitarios de la geología, así como a los de la ingeniería, la química, la higiene y seguridad industrial y ambiental, y tantos otros idóneos en sus respectivas especialidades, que son los que exploran y alumbran nuevas reservas minerales, y proyectan, construyen y operan los establecimientos mineros del país.
Para nosotros las universidades del país son todas igualmente respetables y también lo es la calidad de la formación de sus respectivos egresados. Hasta hoy no hemos conocido profesores universitarios que les enseñen a sus alumnos a ejercer de manera irresponsable, con mala praxis, a construir cosas que se rompan o a hacerle daño a sus vecinos. Además existen regulaciones específicas para que el ejercicio de cada profesión se haga de manera correcta, respetando las normas vigentes pero también con el respeto mutuo que corresponde entre especialidades diferentes.
Lamentamos que haya personas que, respondiendo a ciertos intereses económicos, distorsionan o inventan argumentos en contra de la actividad que les proporciona todo lo que tienen y usan todos los días. Y lo lamentamos porque esos intereses son los que tratan de mantener en la pobreza y la desocupación a una parte de nuestro pueblo.
Vale la pena recordar que desde la realización del Foro Mundial conocido como RIO+20 los líderes del mundo señalaron a la pobreza como el problema mas grave a resolver para lograr el desarrollo sustentable.
En Mendoza hay miles de jefes y jefas de familia que no tienen trabajo y otros tantos que tienen trabajos precarios, temporarios o muy mal pagados. Son una parte de nuestra sociedad que, sin un sueldo digno, no puede criar, alimentar, mantener la salud ni educar a sus hijos como es debido. Los profesionales universitarios tenemos la obligación moral de buscar soluciones para esos compatriotas en lugar de inventar impedimentos para que todo siga igual.
El desarrollo de proyectos mineros, hasta ahora impedidos por la Ley 7.722, puede darles la oportunidad de tener un trabajo y un sueldo digno a muchos de esos mendocinos que hoy no lo tienen. Para ello deben dejarse de lado los tremendos y artificiales temores creados sobre el uso del agua y observar con seriedad lo ocurrido en San Juan a partir del 2005, con tres establecimientos mineros que se pusieron en producción.
Desde entonces la economía de San Juan produjo la misma cantidad de uvas y vinos que siempre había producido porque solo le cedió a la minería el uno por ciento del agua disponible, y con esa mínima cantidad, la actividad minera sumó miles de nuevos puestos de trabajo, movilizó a cientos de pequeñas y medianas empresas proveedoras, provocó un incremento mayor al 30 % en su producto bruto geográfico y aumentó en un porcentaje similar su recaudación impositiva.
Esta referencia a la vecina provincia demuestra que el Estado no puede estar ausente cuando se habla de diversificar la matriz productiva de Mendoza. Por el contrario, nuestros gobernantes deben asumir el rol fundamental de diseñar políticas adecuadas para atraer inversiones y, a la vez, asegurar que, en adelante, las autoridades de aplicación dispongan de los planteles profesionales idóneos necesarios, y del presupuesto y equipamiento e instrumental imprescindible para que, desde el Estado, se pueda garantizar a la sociedad que la evaluación, la aprobación y el seguimiento y control de los emprendimientos mineros se hará respetando y haciendo respetar toda la normativa vigente relacionada con el contexto social, económico y ambiental.
Finalmente, creemos oportuno sugerir que todos los profesionales universitarios de Mendoza trabajemos o colaboremos para ayudar al Estado a compatibilizar las diferentes actividades productivas, sin prohibiciones innecesarias, especialmente para beneficio de los mas pobres y necesitados de nuestra comunidad.
