Trece puntos para comprender qué representa la deuda de Argentina

De acuerdo con un informe de la consultora Ecolatina, la deuda pública será uno de los mayores problemas que tendrá el nuevo Gobierno. Aseguran que llega al 90% del PBI.

Un informe de la consultora Ecolatina advirtió que el Gobierno de Alberto Fernández se encontrará con un gran problema porque la deuda pública alcanza al 90% del PBI y se necesitan medidas urgentes para enfrentar esa situación.

Sin embargo, advierte que en un contexto de riesgo país sobre los 2.000 puntos no hay opción de créditos y el panorama se dificulta de manera considerables.

Revisá 13 puntos con las principales apreciaciones:

1.-La deuda pública será uno de los mayores y más urgentes problemas que enfrentará el Gobierno de Alberto Fernández.

2.-Equivale al 90% del PBI e incluye obligaciones en manos del sector privado, organismos financieros internacionales y otras agencias estatales.

3.-La nueva gestión deberá definir rápidamente una estrategia para encarar el problema.

4.-Difícilmente logre maximizar el crecimiento; y esperemos que logre minimizar los daños.

5.-En el próximo mandato vencerán alrededor de la mitad de los compromisos, a los que deberán sumarse el pago de intereses de estas deudas.

6.-Dentro de esos vencimientos, se incluye la devolución de buena parte del préstamo recibido del FMI que deberá pagarse -conforme al cronograma vigente- entre 2022 y 2023.

7.-El Tesoro deberá desembolsar en torno a US$ 38.000 millones (cerca del 10% del PBI) hasta junio; más de US$ 20.000 millones de estos serán por pagos de deuda relevante.

8.-Con el riesgo país por encima de los 2.000 puntos, no será posible refinanciar estas deudas".

9.-La recesión, los límites (económicos y político-sociales) a recortar el gasto y elevar la presión tributaria y el alto peso de la deuda en moneda extranjera abren interrogantes sobre la capacidad de pago del stock existente.

10.-El cierre absoluto de los mercados de crédito refleja las dudas que tienen los inversores sobre nuestro grado de solvencia.

11.-Si no se puede refinanciar las obligaciones (por lo menos, hasta convencer a los acreedores de lo contrario), el Gobierno tendrá tres posibilidades: elevar la presión tributaria, exigirles un ajuste mayor a las prestaciones públicas o modificar las condiciones de pago de los pasivos.

12.-El régimen impositivo actual y los contratos vigentes de actualización de prestaciones sociales, salarios y servicios públicos son incompatibles con el pago en tiempo y forma de las obligaciones, por lo que alguno de estos agentes deberá perder parte de los recursos que espera obtener.

13.-Teniendo en cuenta la magnitud del problema en el corto plazo, es probable que encaren un programa que combine mayor contracción fiscal con una reestructuración de los pasivos. Así, el costo de este ajuste se repartiría entre las cuentas fiscales y los bonistas.

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